El lunes se celebró la imagen más esperada de las últimas semanas: el ex ministro de transporte, José Luis Ábalos, parecía ser investigada ante la Corte Suprema en el archivo de presuntas comisiones ilegales relacionadas con contratos de obras públicas. Hizo esto en un entorno con los medios máximos y las expectativas sociales, con gritos de «corrupto» y «Fourer» al llegar a la corte.
Durante su declaración, Ábalos negó su participación en la supuesta trama y aseguró que no es reconocido en el audio que su exasor, Koldo García, se habría registrado entre 2019 y 2023. Estos registros se recopilan en el informe de la Guardia Civil.
Según fuentes legales, Ábalos reiteró la disponibilidad para colaborar con la justicia y desconectó por completo el papel de cualquier actividad criminal. El fiscal solicitó que las medidas de precaución actuales se mantengan como un retiro de pasaporte, la prohibición de la salida del país y las apariencias a las dos semanas, mientras que las acusaciones populares, dirigidas por el partido popular, solicitaron una prisión provisional.
Koldo García se niega a declarar
Poco después, el exasssor del ministerial Koldo García, quien solicitó su declaración para reclamar un cambio de defensa reciente y la falta de acceso completo a la causa, llegó al Supremo. Sin embargo, el juez rechazó la petición, por lo que García decidió aprovechar su derecho a no declarar.
Su nuevo abogado afirmó que no tenía tiempo suficiente para examinar una causa «compleja» y con un amplio volumen de documentación, solicitando al menos un mes de extensión.
El caso aún mantiene varios capítulos para desarrollarse. La próxima declaración será el actual ex secretario de la organización PSOE, Santos Cerdán, quien se cita durante una semana, como fue investigado.
Reacciones en la región
Desde PP, José Ángel Sánchez Juliá cuestiona el silencio del extremo en estos casos. «Sobre todo los asco que teníamos conocimiento en el Partido Socialista», dice el popular, que el Secretario General del PSO en la región, Miguel Ángel Gallardo, «vive contra Pedro Sánchez».
Por su parte, en PSOE, Isabel Gil Rosiña describió la investigación como «sinvergüenzas» y evitó la decisión «sobre lo que dicen en las puertas de los tribunales», asegurándose de que confíen en la justicia de nuestro país. Afirma que es un caso de corrupción que afecta a las personas que han sido líderes de PSOE, «por lo tanto, la colaboración máxima del Partido Socialista».
Álvaro Sánchez Ocaña, de Vox, cree que el caso no termina aquí: «Debe haber un carácter más que aún no haya salido a la luz» y afirma que UCO no puede detener hasta «con cada uno de ellos».
Irene de Miguel, de United a Extremedura, afirma que no hay manzanas podridas: «Lo que demuestra que esto es que hay un sistema corrupto, corrupto y podrido, que se basa en el bipartidismo para continuar funcionando, sin importar a quién gobernar».
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