La Gaceta Oficial de Standura ha publicado la ejecución de una decisión de noviembre de 2022 del controvertido tribunal administrativo número 2 en Mérida. Esta decisión obliga al Ministerio de Educación a admitir el acceso de reserva a cuatro solicitantes que han sido excluidos en las listas finales porque tienen un certificado provisional.
La decisión fue motivada por los servicios legales del CCOO, quienes estimaron la solicitud a solicitud de la Federación de la Unión contra la resolución que reguló el procedimiento selectivo para los maestros de ese año.
A pesar de tratarse de una sentencia firme contra la cual no se podría presentar una apelación y requerir la ejecución de la sentencia en varias ocasiones por parte de los servicios legales de CCOO, el ministerio «dilató la ejecución ha dicho casi tres años», lamenta el sindicato en un comunicado.
Por lo tanto, en la resolución publicada la semana pasada, el Ministerio de Educación está obligado a retirar parcialmente el proceso de entrada al organismo de los maestros. En este momento, las listas finales del personal admitido fueron aprobadas para participar en el procedimiento selectivo en Access 2 (Reserva para personas con discapacidades), las personas que fueron excluidas al presentar un certificado de discapacidad provisional.
Se presentó el proceso, porque la apelación se consideró no ajustada a la ley, una de las bases y seguido de que la invalidez de las disposiciones contenidas en las bases se declara, mencionada a los solicitantes con discapacidades, con respecto al requisito de que tengan un «definitivo» reconocido por los organismos competentes un grado de discapacidad.
Teniendo en cuenta el hecho de que la modificación de los criterios, a partir de esta fecha, el certificado «provisional» fue admitido a la exclusión de la lista de personas admitidas en los procesos anteriores o aquellos, «paradójicamente», los solicitantes con la misma certificación del reconocimiento de la discapacidad fueron admitidos en los procesos selectivos de otras comunidades autónomas y, sin embargo, en el extraluto.
Para CCOO, este cambio en los criterios violó los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación por las desventajas en las que se debe apoyar el acceso a la función pública. Para CCOO, es «obvio» que los derechos de las personas con discapacidades se han visto afectados por la administración y «su acceso a la llamada de 2022 fue» difícil de afectar, cuando las condiciones de igualdad que tienen que presidir cualquier procedimiento selectivo, especialmente cuando se trata de un «colectivo vulnerable» ha sido afectado.
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