La comunidad autónoma de Standura desafió la agenda de la conferencia sectorial de niños y adolescentes, que tuvo lugar el jueves, porque el ministerio de la zona «viola la regulación».
El Ministro de Salud y Servicios Sociales del Consejo Extremadura, Sara García Espada, resaltó esto durante una conferencia de prensa el jueves en Mérida, donde explicó que la agenda no fue aprobada previamente en la Comisión Técnica Preparatoria, según lo establecido por la regulación.
«Esperábamos una rectificación por parte del ministerio que asumió modificar la agenda de acuerdo con las disposiciones», y que «cumpla con la regularidad», dijo García Espada, quien lamentó que «una vez más, el gobierno rompa los procedimientos y desprecie los canales institucionales», algo que, dijo, «es especialmente grave cuando hablamos de un asunto tan sensible como la atención a los migrantes no acompañados».
El propietario de los servicios sociales y de salud de la extremidad mostró la «solidaridad con las Islas Canarias» del Consejo de Standura e indicó que no permitirán que un asunto tan sensible o que los menores se utilicen como una «moneda» en el Consejo Político. «Nuestro compromiso es y siempre será con los mejores intereses del menor, lejos de los intereses políticos del gobierno central».
Denunció que la distribución propuesta por el Ministerio de Juventud e Infancia solo busca «enfrentar a las comunidades autónomas», aplicando «criterios arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del sistema de distribución a los países de Cataluña y el País Vasco, los socios parlamentarios», dijo.
«Ante esta estrategia, elevamos la voz, pedimos consenso», dijo Sara García, quien defendió que todas las comunidades merecen el mismo tratamiento, con las mismas condiciones y criterios objetivos.
«La doble medida del gobierno ya es insostenible. Al negarse a acoger a más de mil solicitantes de protección internacional, según lo establecido por el Tribunal Supremo, asfixian a las comunidades autónomas con distribuciones forzadas, sin medios suficientes y sin diálogo previo», dijo el jefe de servicios sociales.
Finalmente, García Espada informó que el Tribunal Constitucional admitió la apelación presentada por la extremidad en el Decreto Real 2/2025, desde el 18 de marzo, considerando que invade los poderes exclusivos de las comunidades autónomas en protección y tutela.
«Con el gobierno de la presidenta María Guardiola, seguiremos actuando con responsabilidad, firmeza y respeto al marco legal. Siempre en defensa del interés superior de los menores, en nuestros poderes y en el principio de igualdad entre los territorios», concluyó.
FUENTE
