El portal de transparencia de la Junta Directiva ha publicado el proyecto de decreto que establece las bases regulatorias del Acuerdo de Ayuda en las Familias de Barcos y que tiene como objetivo hacer cambios sustanciales en comparación con el Decreto anterior 114/2024, a partir del 10 de septiembre.
El objetivo fundamental es continuar las medidas para estimular el crecimiento de la población en la comunidad autónoma y extender la cobertura de más familias rurales que las proporcionadas en el decreto anterior. Específicamente, este nuevo estándar tiene como objetivo eliminar el requisito económico por el cual el nivel de ingresos de la unidad familiar se considera un requisito para el reconocimiento de estos subsidios, la junta directiva detalla en un comunicado de prensa.
Por otro lado, La atención a las familias en el área rural que viven y se registraron, al menos un año, tanto en municipios de menos de 3.000 habitantes, así como en entidades locales y distancias menores cuya población, considerada autónoma, también es inferior a la población mencionada.
Se pretende detener la despoblación en el mundo rural, preservando su identidad, rejuvenecimiento y estableciendo la población, además de ayudar a las familias residentes a mitigar los gastos involucrados en la existencia de un nuevo miembro de la familia, facilitando los ahorros.
Para el llamado al alquiler de 2025, las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la fecha de nacimiento, adopción o guardia con fines de adopción pueden ser beneficiarios, producidas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2024 y que no se habrían beneficiado de ayuda no a recaudar el requisito económico establecido en la apelación de 2024 o cuando la población de residencia consideró 3,000.
Con esta nueva disposición normativa, la atención prestada a las familias rurales se extiende y «simplifica la gestión para una mayor eficiencia».
La eliminación de ambos requisitos tiene como objetivo ayudar, fortalecer y establecer a la población en el área rural, especialmente en áreas con menos de 3.000 habitantes, considerando la debilidad demográfica y la despoblación en el campo territorial de la región, así como atenúa en cierta medida los gastos de origen como resultado de la llegada de un nuevo miembro de la familia.
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