A solo 48 horas del inicio del curso escolar en la región, la incertidumbre crece para miles de familias debido a la falta de transporte escolar. Más de 240 rutas, que representan el 40% del total, han quedado desiertas en la licitación, afectando a unos 7.000 estudiantes que dependen de este servicio para llegar a clase.
El Ejecutivo regional de Extremadura ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de Mérida contra las empresas que no se presentaron al proceso, a pesar de haberse comprometido el año pasado a participar en la licitación. Se han solicitado medidas cautelares y se está preparando un plan alternativo para asegurar la cobertura de las rutas afectadas.
La portavoz del Gobierno autonómico, Elena Manzano, confía en que el juez obligue a las empresas a prestar el servicio. Mientras tanto, las asociaciones de padres y madres de alumnos de centros públicos, agrupadas en FREAMPA, exigen una solución inmediata y esperan que se resuelva antes del inicio de las clases, según afirmó su presidenta, Maribel Rengel.
Las familias muestran su preocupación al no saber cómo podrán llevar a sus hijos a los colegios e institutos ante esta situación de incertidumbre.
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