La Junta reafirma su compromiso de diálogo con empresas de transporte escolar y las emplaza a cumplir con la legalidad.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha reafirmado la postura del Gobierno regional de Extremadura en relación al conflicto con las empresas de transporte escolar en la región. Vaquera ha expresado la disposición al diálogo y la voluntad de llegar a acuerdos, pero ha señalado que una parte minoritaria del sector está obstaculizando el derecho a la educación de cerca de 5.000 alumnos extremadurenses.

En este sentido, la Consejería de Educación ha aceptado todas las exigencias de las empresas, siempre y cuando cumplan con la legalidad. Sin embargo, algunas de estas empresas están solicitando compromisos que van en contra de la ley, lo que dificulta llegar a un acuerdo. A pesar de esto, el Gobierno regional sigue manteniendo la mano tendida y abierta al diálogo.

En un intento por resolver la situación, el Gobierno se reunió con las empresas denunciadas para tratar de llegar a un acuerdo. Sin embargo, las exigencias planteadas por estas empresas, como la adjudicación directa de rutas desiertas y el aumento de precios, han complicado las negociaciones.

La consejera ha destacado la importancia del servicio de transporte escolar como un servicio público esencial y ha subrayado que es responsabilidad de las empresas garantizar su prestación. Ante las dificultades surgidas, la Consejería de Educación ha tomado medidas legales para asegurar el derecho a la educación de los alumnos.

En este contexto, se han presentado denuncias por presuntas coacciones y presiones a otras empresas de autobuses, así como medidas cautelares que no han sido concedidas. A pesar de los obstáculos, el Gobierno regional ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la prestación de este servicio esencial.

Por último, la consejera ha hecho un llamamiento a las empresas para que consideren el impacto de sus acciones en las familias y en el derecho a la educación de los alumnos. Se espera que las negociaciones continúen en busca de una solución que beneficie a toda la comunidad educativa de Extremadura.

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