Situada en el municipio de Valdecaballeros, en la provincia de Badajoz, la presa que lleva su nombre fue construida en 1984 con un propósito claro: refrigerar la central nuclear proyectada en la misma localidad. Sin embargo, este ambicioso proyecto nunca se concretó. La moratoria nuclear impulsada en los años 80 bajo el gobierno de Felipe González paralizó la construcción de la central y dejó a la presa como una infraestructura sin propósito, que, más de cuatro décadas después, se enfrenta a un nuevo y complicado dilema: su demolición.
Una presa sin función
La presa de Valdecaballeros, de 36 metros de altura y con capacidad para almacenar 71 hectómetros cúbicos de agua, se ideó para dar soporte a la central nuclear de Valdecaballeros, una central que jamás fue concluida debido a la moratoria nuclear de 1983. Desde entonces, la presa ha permanecido inactiva, sin cumplir con ninguna función relevante, mientras el gobierno español y las autoridades regionales han tenido que gestionar su mantenimiento a lo largo de los años. El proyecto fue abandonado, y con él, su utilidad.
Sin embargo, la historia de la presa no terminó en 1984. A pesar de que el plan original quedó frustrado, las eléctricas Endesa e Iberdrola se encargaron del mantenimiento de la infraestructura durante años, debido a que la concesión para el uso del agua fue entregada a estas compañías. No obstante, en 2021, ambas empresas renunciaron a la concesión del agua, lo que generó un nuevo punto de inflexión: el gobierno español, a través de la Dirección General del Agua, resolvió que la infraestructura debía ser demolida debido a la extinción de la concesión y la necesidad de restaurar el dominio público hidráulico.
La postura de los implicados: Gobierno, Junta y empresas eléctricas
El anuncio de la demolición de la presa en marzo de 2023 ha generado un gran revuelo político y social. El Ministerio para la Transición Ecológica, que depende del gobierno central, argumenta que, al quedar la concesión de uso del agua caducada, corresponde proceder con la demolición de la presa como parte de la restitución del dominio público hidráulico. De acuerdo con la legislación vigente, las infraestructuras abandonadas y sin función deben ser desmanteladas, especialmente por razones de seguridad.
Sin embargo, este plan ha sido rechazado por la Junta de Extremadura, que ve la demolición como una decisión precipitada y con posibles repercusiones en el abastecimiento de agua de los municipios cercanos, como Valdecaballeros y Castilblanco, que dependen del embalse para su suministro. La Junta también sostiene que no se ha realizado un análisis ambiental exhaustivo de la posible demolición y que existen alternativas para gestionar el embalse de manera sostenible.
Las empresas eléctricas, por su parte, también se han opuesto a la demolición. Endesa e Iberdrola han argumentado que no tienen ninguna responsabilidad en la destrucción de la presa, ya que nunca obtuvieron beneficios económicos de la concesión, y que el gobierno debe asumir el coste de la demolición. Además, cuestionan la legalidad de la medida, ya que no existía ninguna cláusula en el acuerdo inicial que les obligara a asumir los costos de desmantelamiento.
Alternativas a la demolición
En medio del debate, algunos expertos y grupos ecologistas señalan que, aunque la presa de Valdecaballeros no cumple con su función original, podría mantenerse y usarse para otros fines. Por ejemplo, el embalse podría ser aprovechado para la conservación del medio ambiente, sirviendo de hábitat para diversas especies de flora y fauna, incluyendo algunas en peligro de extinción. Además, la presa podría ofrecer beneficios para la agricultura y el ganado en la zona, como ha señalado el alcalde de Valdecaballeros, Gregorio Rodríguez.
Por otro lado, existen alternativas para garantizar el abastecimiento de agua a los municipios circundantes sin necesidad de conservar la presa. La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha señalado que el embalse de García de Sola, ubicado a solo unos pocos kilómetros, podría suplir las necesidades de agua de la región sin que se necesite mantener el embalse de Valdecaballeros.
¿Demolición o restauración?
El dilema que enfrenta la presa de Valdecaballeros no es solo una cuestión técnica o legal, sino también política. En un contexto de sequía prolongada en España, la gestión del agua se ha convertido en un tema de máxima importancia, lo que ha añadido un componente de urgencia a la controversia. Además, con las próximas elecciones locales en el horizonte, las posturas adoptadas por los diferentes actores tienen implicaciones directas en la opinión pública y la percepción de los ciudadanos.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha expresado que se está estudiando la posibilidad de reconsiderar la decisión de demolición si la Junta de Extremadura puede justificar un uso razonable para la presa. Mientras tanto, los debates sobre los costos, la viabilidad ambiental y las necesidades del abastecimiento continúan.
Un futuro incierto
Lo que parece claro es que la presa de Valdecaballeros, construida hace más de 40 años con un propósito que nunca llegó a materializarse, ahora se enfrenta a un futuro incierto. El futuro de esta infraestructura sigue siendo un tema de debate político, económico y ambiental, y su resolución no está exenta de complejidades. Sin embargo, lo que no se puede ignorar es que su demolición, si se lleva a cabo, no será solo una cuestión de legalidad y coste, sino también de encontrar el equilibrio entre la conservación del medio ambiente, el uso eficiente de los recursos hídricos y las necesidades de las comunidades que dependen de su agua.
La historia de la presa de Valdecaballeros es un reflejo de las contradicciones y desafíos de la gestión de infraestructuras obsoletas en un país que aún se enfrenta a los retos de un pasado energético que no termina de dejar atrás. La solución, más que un simple derribo, debería ser un proceso reflexivo que contemple todos los aspectos involucrados: la seguridad, el medio ambiente, las necesidades de las comunidades y, por supuesto, las leyes que rigen el patrimonio público.