El caso de Noelia Castillo ha vuelto a poner la eutanasia en el centro del debate público. La joven catalana tomó una decisión firme sobre su final de vida, respaldada por la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. A pesar de los intentos de su padre por detener el proceso a través de la vía judicial, Noelia logró superar todos los controles del Comité de Garantía y Evaluación de la Prestación de Ayuda para Morir.
Ignacio Torres, presidente del comité en Extremadura, señala que muchas de las preguntas que surgen desde fuera no son responsabilidad de la persona solicitante. Destaca que el público desconoce los informes médicos y el dictamen emitido por la comisión catalana que evaluó el caso de Noelia, información protegida por el derecho a la intimidad.
La normativa no especifica enfermedades concretas para acceder a la eutanasia, sino un «contexto eutanásico» definido por un sufrimiento irreversible que la persona considera incompatible con una vida digna y solicita de manera libre y voluntaria.
En Extremadura, durante el año 2025 se presentaron 10 solicitudes de eutanasia: dos se llevaron a cabo, una fue desestimada, otra se pospuso a petición del solicitante y las demás no se completaron debido a que los pacientes fallecieron antes de cumplir con los plazos y trámites establecidos por la ley.
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