El Tribunal Constitucional ha aceptado la apelación de inconstitucionalidad presentada por el Consejo de Extremadura contra la ley que establece la distribución del impuesto bancario. En su apelación, el gobierno regional considera que la distribución de los 1.700 millones de euros recaudados por este impuesto perjudica a las regiones más desfavorecidas, como Extremadura, y beneficia a las comunidades autónomas más ricas, especialmente a Cataluña.
La junta directiva de Extremadura considera que el sistema de distribución de fondos es discriminatorio y no respeta los principios de igualdad, justicia y progresividad que deben regular los recursos entre las autonomías. La ley establece que los ingresos generados por el nuevo impuesto se distribuyen según los ingresos del impuesto y la población, lo que, según la Junta Directiva, favorece a las regiones más prósperas en detrimento de las menos favorecidas. El gobierno de Extremadura afirma que el modelo de distribución no tiene en cuenta las necesidades específicas de las comunidades menos desarrolladas, lo que agrava las desigualdades regionales. La presidenta de la junta directiva de Extremadura, María Guardiola, ha expresado su desacuerdo con esta distribución y ha descrito la medida como «injusta y perjudicial» para la región.
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