Esta tarde, los tres menores arrestados por la muerte violenta de un educador social de 35 años en Badajoz declararon ante el juez. Los menores huyeron del auto de la víctima y, después de un accidente y un segundo intento de fuga, fueron arrestados.
«Fue un accidente, luego la niña pudo detenerla de inmediato, y los dos niños fueron arrestados en Mérida esta mañana», dijo el delegado del gobierno, José Luis Quintana.
En estos pisos protegidos, los menores cumplen medidas judiciales en un régimen semiabierto, es decir, no están hospitalizados. Dependiendo de la junta directiva de Extremadura, pero son administrados por empresas privadas. «Estamos esperando que las autoridades judiciales y de seguridad nos digan qué sucedió», dijo la presidenta del Consejo de Extremadura, María Guardiola.
Los compañeros de la víctima, como Sheila Gómez, afirman que él ya había denunciado a uno de los involucrados y criticaron la acción de las autoridades. «Esto no se hizo como debía hacerse. Y menos para regresar al mismo centro, con el mismo trabajador que denunció. Está claro lo que sucederá». Agustina, la madre de otro educador social en el mismo piso protegido donde ocurrieron los eventos, también está preocupada. Su hija estuvo con él el lunes después de una agresión de uno de los acusados: «Ha estado medicada desde que se enteró de lo que sucedió, no puede controlar su cuerpo. Ni el consejo ni la empresa han hecho nada al respecto, tener a un cuidador con estos asesinos es inaceptable».
Dicen que el perfil de los menores que llegan a estos centros es cada vez más agresivo. Exigen más seguridad y medidas personales.
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