La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha solicitado al Gobierno central la posibilidad de recuperar el superávit de 419,16 millones de euros correspondiente al ejercicio 2024. Este superávit, que en 2025 se destinó íntegramente a amortizar deuda, ahora se busca utilizar para atender los daños provocados por las borrascas que afectaron intensamente a Extremadura durante los meses de febrero y marzo.
Manzano ha recordado que la utilización del superávit para amortizar deuda fue una obligación derivada de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Según esta normativa, los superávits obtenidos por las comunidades autónomas debían destinarse a reducir endeudamiento, a menos que existiera una habilitación normativa expresa que permitiera otros usos.
Debido a la falta de habilitación en 2025, Extremadura tuvo que aplicar los más de 419 millones de superávit del ejercicio 2024 a la amortización anticipada de deuda, cumpliendo así con las reglas fiscales establecidas. Sin embargo, con la publicación del Decreto-ley 5/2026, que establece medidas urgentes para hacer frente a los daños ocasionados por episodios meteorológicos adversos en Extremadura y Andalucía, se ha planteado la posibilidad de redirigir estos fondos.
El artículo 25 de dicho Decreto-ley permite a las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura destinar los superávits presupuestarios de 2024 y 2025 a la financiación de gastos extraordinarios ocasionados por inundaciones y sucesos catastróficos. Ante esta oportunidad, la Junta de Extremadura solicita al Gobierno central la autorización para formalizar operaciones de endeudamiento por el mismo importe de 419,16 millones de euros.
El objetivo es destinar esta capacidad financiera a medidas urgentes de respuesta y reparación de los daños causados por las intensas precipitaciones, inundaciones y sucesos catastróficos registrados en la región. La consejera Manzano ha destacado que este marco excepcional permitirá utilizar los superávits de 2024 y 2025 para afrontar los daños extraordinarios, solicitando al Gobierno central la autorización necesaria para actuar con rapidez y eficacia.
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