El Ministerio de Finanzas cerrará el viernes 30 de mayo, fecha límite para presentar objeciones al proyecto de ley que permitirá al estado asumir hasta 83,252 millones de euros en deuda de las comunidades autónomas del régimen común.
El acondicionamiento de la deuda, aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en febrero, busca mitigar las dificultades que muchas regiones enfrentan. El objetivo es reducir los costos de intereses y facilitar su retorno a los mercados financieros, fortaleciendo su sostenibilidad y responsabilidad fiscal.
Las comunidades más beneficiadas serían Andalucía y Cataluña, que concentran más del 43% de la deuda. Sin embargo, el plan ha generado controversia: el PP considera que es el resultado de un pacto con los partidos independentistas, y la comunidad de Madrid ya ha presentado una apelación ante el Tribunal Nacional, alegando que viola el principio de igualdad.
La ley debe pasar por el Congreso, donde podría sufrir modificaciones a petición de los grupos políticos. Hacienda espera que sea aprobada antes de fin de año.
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