El acuerdo entre el Partido Popular (PP) y Vox para formar gobierno en Extremadura destaca por su enfoque en la defensa del sector primario, con especial énfasis en el proyecto de regadío de Tierra de Barros. Ambas formaciones políticas se comprometen a proteger este sector contra iniciativas como la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, rechazando además el acuerdo comercial con Mercosur por considerarlo perjudicial para los productores extremeños.
El pacto incluye la creación de una Dirección General de Regadíos para llevar a cabo el proyecto de regadío de Tierra de Barros, que ha sido una demanda histórica del sector agrario en la región. Aunque ha generado controversia en el pasado, ahora se integra explícitamente en el acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox.
Este sexto punto del pacto no especifica cifras económicas, pero sí establece el compromiso de reactivar el proyecto antes de septiembre de 2026. Con más de 1.200 familias de la comarca directamente afectadas, el regadío de Tierra de Barros ha sido objeto de debate político y cuestionamientos por parte de las instituciones europeas, lo que ha complicado su tramitación.
Vox ha hecho del impulso del regadío uno de sus principales puntos electorales, mientras que el PP, liderado por María Guardiola, ya había manifestado su interés en sacar adelante este proyecto, incluso intentando reflejarlo en los presupuestos autonómicos.
Los regantes de Tierra de Barros ven con cautela pero esperanza la creación de la Dirección General de Regadíos, aunque advierten sobre la necesidad de actualizar el proyecto de obras y comenzar los trabajos antes de agosto de 2027, cuando caduca la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
El sector confía en que este nuevo escenario político reviva el interés en un proyecto clave para el futuro del mundo rural extremeño, fundamental para la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas en la región.
Además del regadío, el acuerdo también aborda la gestión de espacios protegidos, proponiendo una revisión técnica de las zonas ZEPA y LIC para garantizar su conservación compatible con el desarrollo económico rural. Se contemplan también planes de infraestructuras hídricas, inversiones en caminos rurales y vías pecuarias, y la intención de reformar leyes que, según PP y Vox, perjudican al sector, incluida la Ley de Caza.
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