Con los precios del combustible en aumento, el Gobierno ha aprobado un nuevo decreto para proteger al transporte de mercancías por carretera, un sector crucial para la economía española al ser responsable de mover el 95% de los productos consumidos en el país. Esta norma obliga a las empresas a reflejar automáticamente cualquier aumento en el precio del carburante en las facturas de transporte, asegurando que el coste del combustible se traslade a los contratos correspondientes.
A partir de ahora, las empresas deberán ajustar sus facturas si el precio del gasóleo sube más de un 5%, una medida largamente solicitada por los profesionales del sector debido a la insostenible situación que estaban enfrentando. Transportistas han expresado su preocupación por el impacto directo del combustible en sus costos, con ejemplos concretos de cómo los precios elevados afectan sus operaciones diarias.
El Ministerio de Transportes busca evitar que autónomos y pequeñas empresas, que constituyen la mayoría del sector, asuman solos el aumento en los costes energéticos. El objetivo es prevenir un colapso logístico que podría afectar el abastecimiento en el país. El decreto también introduce nuevos mecanismos sancionadores para garantizar el cumplimiento de la norma por parte de las empresas.
Sin embargo, estas medidas no han sido bien recibidas por todos los sectores del transporte. Las patronales del transporte de viajeros por carretera han criticado la exclusión de su sector en el decreto. Según ellos, esta omisión deja al transporte de viajeros en una situación crítica frente al aumento generalizado de los costes, sin la posibilidad de repercutir el incremento del combustible en sus contratos, a diferencia de lo que ocurre con el transporte de mercancías.
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