El Consejo de Standura considera injusta y discriminatoria la ley orgánica sobre absorción de deuda.

La Ministra de Finanzas y Administración Pública, Elena Manzano, anunció que el Consejo Standura ha presentado una serie de acusaciones en el borrador de derecho orgánico de sostenibilidad financiera excepcional para comunidades comunes, porque es, entre otras cosas, injusto y discriminatorio. Por lo tanto, Manzano explicó a la prensa el lunes que, el 15 de mayo, el Ministerio de Finanzas comenzó el proceso de consulta pública antes de la elaboración de este proyecto preliminar cuyo término de acusaciones terminó el viernes 30 de mayo.

«No firmamos este Acuerdo» y «Expresamos nuestra oposición al presentar un documento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para registrar nuestra posición». En este sentido, Manzano explicó que «además del hecho de que es una decisión arbitraria y discriminatoria (ya que los territorios en España ni siquiera se consideraron, como el Consejo Autónomo de Ceuta y Melilla) y politizados», el Polifrán fiscal y financiero «carece de habilidades para abordar un problema que, por su naturaleza, requiere una ley organizada».

A pesar de todo esto, el consejero explicó las consideraciones que hicieron a la factura mencionada. La primera es que la «silvicultura», tal como está diseñada en el acuerdo 2/2025 del Consejo de Políticas Fiscales y Financieras, que ahora quiere transponerse a la ley orgánica, «no permite el retorno ordenado a los mercados de las comunidades autónomas del régimen común». Además, «no consolida la responsabilidad fiscal de las comunidades, pero no mejora el cumplimiento del nuevo marco de las reglas fiscales de la Unión Europea y no resuelve los problemas de la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas de un régimen común al no acompañar la reforma esencial del sistema de financiación».

Manzano explicó que, desde el Consejo de Administración, se emplea para «reformar de manera más amplia y profunda, lo que lleva al procesamiento de diferentes reformas legales, como una reforma del sistema de financiación autónoma que garantice la autonomía financiera autónoma y el cumplimiento efectivo de los principios de coordinación con el estado del estado, además de los 27, en cuanto a la estabilidad del presupuesto y la sostenibilidad financiera (LOEPSF) para adaptarse al nuevo marco europeo de reglas fiscales, ahora basado en la regla de evolución de los gastos primarios.

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